La licencia de Cristina Fernández de Kirchner, a raíz de la operación a la que se sometió, debería abrir un paréntesis en la escena política nacional hasta el 24 de enero, si es que la Presidenta mantiene esa fecha luego de que se supiera que finalmente no había células cancerígenas en los nódulos que le extirparon.
Muchos son los que coinciden en que no tendrían que producirse grandes novedades en el interinato a cargo de Amado Boudou, pero las decisiones tomadas en el marco de la política de "sintonía fina" en los últimos días del 2011 y las tensiones contenidas comienzan a generar efectos.
Los focos de conflicto, como el enfrentamiento con el camionero Hugo Moyano, o los desafíos, como las próximas paritarias o la inflación, sólo se refrenaron. No se solucionaron y están latentes. Y la tan temida palabra "ajuste" irrumpió con fuerza en los primeros días del 2012.
Ya sea que se presenten como maquillaje o en forma cruda y directa, las consecuencias se empezaron a sentir.
El martes, un día antes de la internación de Cristina, finalmente se formalizó el traspaso del subterráneo de la órbita nacional a la Ciudad, tal como lo reclamó la Presidenta antes de operarse.
Pero la Nación no sólo traspasó los subtes a la ciudad. También traspasó la responsabilidad de aumentar las tarifas y un servicio con gremios demasiado conflictivos.
El argumento oficial de que el resto de los argentinos no tiene por qué subsidiar el servicio de los porteños es real y concreto. La pregunta es por qué no se transfirió antes.
Y es que la cesión de los subtes no se realizó por respeto a la autonomía de la ciudad, sino por necesidades de caja y en el marco de la política de eliminación de subsidios lanzada a fin de 2011.
Macri y el costo político
Con el traspaso, la Nación se ahorró al menos $ 360 millones en 2012 y el doble a partir del 2013. Mauricio Macri decidió pasar el mal trago de aumentar el boleto un 127 por ciento lo más rápido posible y dijo asumir el "costo político" que ello implica. Fue curioso escuchar de boca de funcionarios nacionales que justificaron los aumentos que se producirán por la quita de subsidios hablar de tarifazo en el caso de la ciudad.
Curioso fue también que tanto la Nación como la Ciudad utilizaran el mismo argumento a la hora de justificar la quita de subsidios, en el caso de la primera, y de aumentar el boleto del subte, en la segunda.
"Queremos dejar de subsidiar a la oferta para subsidiar a la demanda. Queremos dejar de subsidiar empresas para subsidiar personas". Estas palabras fueron pronunciadas por el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, al desmentir inminentes aumentos en los servicios de colectivos y trenes. El mismo argumento sostuvieron desde el macrismo para justificar el alza.
Lo cierto es que la Nación deberá adecuar las tarifas de los colectivos y trenes entre febrero y marzo, si cumple con lo que anunció. Y cuando lo haga provocará malhumor, por más que se redireccionen los subsidios para contemplar a los más necesitados a través de la tarjeta SUBE.
Desde la Casa Rosada deberían saber que las protestas que produjeron el aumento del subte son una muestra de lo que podría pasar cuando se comiencen a aplicar los incrementos en los otros servicios.
En los próximos días también comenzarán a llegar las primeras boletas de esos servicios públicos sin subsidios (o con aumentos en la práctica para los usuarios).
Las metodologías empleadas por Nación y Ciudad fueron distintas y diferentes la forma de comunicarlas. Mientras los primeros argumentaron "sintonía fina" y "solidaridad" y decidieron escalonar las subas; los segundos aplicaron los aumentos sin anestesia. En ambos casos generan malestar.
Final para la bonanza
Lo cierto es que la bonanza económica de la que disfrutó el kirchnerismo está finalizando y los efectos llevaron al gobierno a tomar medidas que, por más que se maquillen, implican ajustes, algo que se buscó evitar durante ocho años.
Y las señales de que el ajuste llegó son claras. Varias provincias comenzaron a aplicarlo con resultados diversos. Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Santa Fe o Catamarca son algunos casos donde ya se dispusieron recortes o congelamientos de salarios, pagos escalonados, despidos y recortes presupuestarios.
A nivel nacional se intentó echar mano a los salarios de los estatales a través de una revisión de las sumas que perciben, lo que generó un amplio rechazo por parte de sindicalistas.
El flamante ministro de Economía se atrevió a afirmar que "consumo no será una variable de ajuste", pero no explica cómo harán lo ciudadanos afectados por diferentes aumentos tarifarios y servicios para mantener el nivel de gasto cuando deben destinar parte de su dinero a paliar esos incrementos.
En el gobierno deberán revisar su estrategia confrontativa ante el panorama que asoma para este año.
La virtual tregua impuesta por la operación de la Presidenta está plagada, también, de señales.
Moyano con Micheli
Hugo Moyano dejó de hablar pero se movió y se prepara. Ya se reunió con dirigentes de la CTA conducida por Pablo Micheli y de la organización Barrios de Pie. Se habla de movilizaciones conjuntas.
Las paritarias de este año amenazan con ser durísimas y la intención oficial de poner un techo en torno al 18 % choca con los datos inflacionarios. También habrá que ver hasta cuándo podrá evitarse actualizar las bases impositivas que afectan a los trabajadores, como los mínimos para los pagos de monotributo, impuesto a las ganancias y autónomos.
Para colmo, una importante sequía amenaza la producción agraria, fuente de ingresos importante del fisco. Las medidas anunciadas, como la liberación de los cupos de exportación de granos, parecen insuficientes y los hombres del campo vuelven a hacer escuchar sus voces.
El desafío del gobierno nacional será encarar, con el menor desgaste posible, el frente de tormenta que se presenta.
En los próximos meses será necesario generar consensos y adoptar decisiones difíciles. Y ello implicará, necesariamente, pagar costos políticos.